G. SANZ/J. BASTANTE. MADRID.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de Vega precisó ayer que la retirada de subvenciones a instituciones privadas que se nieguen a retirar de sus edificios símbolos franquistas no se aplicará de forma automática por parte del Estado ni a la Iglesia católica, que tienen numerosas placas en fachadas de iglesia, ni a ninguna otra. Dependerá, dijo, de lo que dispongan ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas donde estén radicados esos edificios. De la Vega explicó que la futura Ley de Memoria Histórica recoge expresamente que serán las administraciones «las que, dentro de sus competencias, puedan adoptar las medidas que consideren oportunas». Es decir, la norma habilita a todas las administraciones a retirar subvenciones a miles y miles de planes de rehabilitación del patrimonio histórico religioso si el edificio objeto de la ayuda no retira referencias al franquismo. Todo queda al criterio de que el partido que gobierne determinada administración decida eliminar las subvenciones.
La norma, explicó la portavoz, «no obliga» por tanto a retirar esas subvenciones y será pues la administración competente la que a la hora de conceder una ayuda, «tome la decisión». Indicó que la Iglesia no ha trasladado al Gobierno preocupación al respecto y aclaró que la financiación anual que percibe ésta en virtud de los acuerdos con la Santa Sede no tiene nada que ver con estas subvenciones de tipo cultural.
El matiz introducido por De la Vega dejó claro que, por un lado, la financiación de la Iglesia no es una subvención estatal, como siempre han defendido los sectores más laicistas del PSOE y, por el otro, que al menos por el momento los Acuerdos Iglesia-Estado conservan toda su vigencia. En virtud de los mismos -en concreto, del Acuerdo sobre Enseñanza y Bienes Culturales suscrito el 3 de enero de 1979- también estarían a salvo las subvenciones a catedrales, santuarios, monasterios y abadías establecidos en el Plan de Catedrales y a través del 1% Cultural.
Medio millar de templos
Pese a todo, y después de que la vicepresidenta aclarase que el Ejecutivo será respetuoso con las competencias de las distintas administraciones, la aplicación de la ley podría dar lugar a diversas paradojas. Entre ellas, el hecho de que catedrales como la de Córdoba, Albacete o Burgos (que conservan símbolos asociados al franquismo entre sus muros), siguieran recibiendo subvenciones estatales, mientras que pequeñas iglesias, ermitas o santuarios que no estén en el Plan de Catedrales puedan ver recortada la financiación recibida por el propio Estado siguiendo el mismo razonamiento.
En la actualidad, el patrimonio de la Iglesia en España comprende más de 70.000 templos, 200 museos y centenares de archivos y bibliotecas. Aunque no existe un censo oficial, distintos estudios estiman en medio millar el número de templos católicos en los que todavía pueden observarse lápidas o placas recordando a los «caídos en nombre de España» o a las «víctimas de la Revolución Marxista», así como los símbolos del yugo y las flechas o referencias similares. La Iglesia, como entidad privada, no está obligada por ley a retirar símbolo alguno, aunque sí se atendrá a depender del criterio de cada regidor local para saber si continúa recibiendo ayudas para la conservación o iluminación de algunos de sus templos. Ocho catedrales, todas ellas incluidas dentro del Plan de Catedrales -que para el presente bienio cuentan con una subvención de 9,95 millones de euros-, ostentan esta simbología. Se trata de las de Ávila, Burgos, Córdoba, Cuenca, Albacete, Ibiza, Jaén y Alcalá de Henares.
Macarena y el Gran Poder
Cumpliendo estrictamente la nueva ley, y siguiendo lo indicado por De la Vega, ninguno de estos templos vería mermada las subvenciones estatales aunque decidieran no retirar los símbolos franquistas. Algo similar ocurriría con numerosas abadías, monasterios y basílicas incluidas en los sucesivos convenios firmados por la Comisión Mixta Iglesia-Estado, como el santuario de Montserrat, la basílica de Llanes, el monasterio de las Huelgas (Burgos) o el santuario de la Virgen de la Cabeza (Jaén). No así otros famosos templos, como las basílicas de La Macarena y el Gran Poder, en Sevilla. ¿Se atrevería el socialista Monteseirín a retirar las subvenciones a estos templos?
Más difícil lo tendrán, siempre siguiendo el articulado del actual proyecto de ley, las pequeñas iglesias, oratorios, ermitas y monasterios que se encuentren al margen del paraguas de los Acuerdos Iglesia-Estado, y que suman la gran mayoría de los templos. En este caso, no hay ninguna razón para que el propio Gobierno no incluya a dichos templos dentro de futuros planes de ayudas, una cantidad incalculable. Y también sería perfectamente legal que las administraciones optaran, sin criterio fijo, a subvencionar o no a iglesias de su provincia o localidad.
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